El 15 de julio de 2016, un sector del ejército intentó tomar el poder por la fuerza y deponer al gobierno electo con una mayoría abrumadora en noviembre del año anterior. La violaenta intentona, repelida por los ciudadanos en las calles, fue atribuída a sectores del ejército vinculados a Fetullah Gülen, un clérigo exiliado en los Estados Unidos, cuya red de influencia se extendía en la educación, los negocios y la burocracia estatal, con preeminencia en la justicia y la policía.
El saldo del sanguinario intento fue la muerte de más de doscientos ciudadanos, y un Erdoğan reforzado en su legitimidad tras derrotar el alzamiento antidemocrático.
Al intento de golpe siguió la declaración del Estado de Emergencia, que otorgó al presidente amplios poderes en materia legislativa, al tiempo que suspendió la posibilidad de revisar judicialmente las medidas adoptadas.
Desde ese momento, y con la excusa de limpiar el aparato estatal de elementos leales a Gülen, para, así, defender la democracia, cientos de miles de personas fueron despedidas de sus trabajos, bajo la acusación de "ser gulenistas", aún sin relación probable con actividades clandestinas.
Las compañías privadas sospechosas de vínculos con Fetullah Gülen fueron expropiadas, sus negocios terminados y sus dueños puestos bajo sospecha.
Miles permanecen detenidos, casi todos sin condena y muchos, sin siquiera haber sido acusados.
Las purgas, supuestamente necesarias para avertir el riesgo golpista, alcanzaron también a otros sectores de oposición, principalmente afines al movimiento kurdo, la izquierda y los grupos de defensa de los Derechos Humanos.
Desde el 15 de julio, Turquía se convirtió en el principal carcelero de periodistas en todo el mundo, mientras académicos, abogados y hasta parlamentarios opositores sufren la escalada represiva del aparato estatal.
El saldo del sanguinario intento fue la muerte de más de doscientos ciudadanos, y un Erdoğan reforzado en su legitimidad tras derrotar el alzamiento antidemocrático.
Al intento de golpe siguió la declaración del Estado de Emergencia, que otorgó al presidente amplios poderes en materia legislativa, al tiempo que suspendió la posibilidad de revisar judicialmente las medidas adoptadas.
Desde ese momento, y con la excusa de limpiar el aparato estatal de elementos leales a Gülen, para, así, defender la democracia, cientos de miles de personas fueron despedidas de sus trabajos, bajo la acusación de "ser gulenistas", aún sin relación probable con actividades clandestinas.
Las compañías privadas sospechosas de vínculos con Fetullah Gülen fueron expropiadas, sus negocios terminados y sus dueños puestos bajo sospecha.
Miles permanecen detenidos, casi todos sin condena y muchos, sin siquiera haber sido acusados.
Las purgas, supuestamente necesarias para avertir el riesgo golpista, alcanzaron también a otros sectores de oposición, principalmente afines al movimiento kurdo, la izquierda y los grupos de defensa de los Derechos Humanos.
Desde el 15 de julio, Turquía se convirtió en el principal carcelero de periodistas en todo el mundo, mientras académicos, abogados y hasta parlamentarios opositores sufren la escalada represiva del aparato estatal.
Comentarios
Publicar un comentario